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Gustavo Petro, la Corte Suprema colombiana y Cuba



La violenta arremetida contra el general José Abrantes Fernández comienza a raíz de un viaje que hace a La Habana Navarro Wolf, Líder del grupo colombiano M-19, con la intención de entrevistarse con Fidel Castro y ponerlo al tanto de algunos comentarios que había escuchado en Colombia. 

Pero Castro no lo recibe y es atendido por varios oficiales de la Seguridad del Estado encabezados por Alejandro Ronda Marrero, miembro de las Tropas Especiales. Ahí Navarro cuenta que hay fuertes rumores que la gente de Pablo Escobar tenía contacto con Tony de la Guardia y que incluso un capitán cubano iba a viajar a Medellín para amarrar las operaciones. Navarro se refería al capitán Jorge Martínez, ayudante personal del general Ochoa quien posteriormente fue fusilado. 

Esta confesión se la pasan por escrito a Abrantes  pero el ministro no  la comenta y Castro no se entera de nada. Sin embargo,  un día el dictador  se tropieza con el oficial Ronda Marrero e indaga sobre el encuentro con Navarro Wolf.

Marrero extrañado le explica que él le había hecho  un informe de la reunión  al Ministerio del Interior y Castro le pide una copia del documento. Al verla, arde Troya.

Por esta omisión el general Abrantes fue juzgado en la causa #2 de  1989 y  condenado a 20 años de prisión, con tan mala suerte que  el día 21 de enero de 1991 muere de un infarto en la cárcel de Guanajay. Aunque según los entendidos, el ataque al corazón  debió ser provocado pues el reo gozaba de un excelente estado de salud.

El general era un hombre saludable, mantenía un buen estado de ánimo, cumplía religiosamente con una rutina de ejercicios y no existía ningún indicador que pudiera relacionarlo con la muerte, según sus familiares. No obstante, para el gobierno cubano el general tenía el deber de morir y así lo hizo.

Los que han estudiado el tema  aseguran  que el fallecimiento fue inducido por órdenes  del propio Fidel Castro para romper su vínculo con el narcotráfico, Abrantes era la única persona capaz de probarlo jurídicamente, mientras que su muerte lo convertía automáticamente en un eslabón perdido.

Pero lo más interesante del suceso es que por órdenes expresas de Castro, el M-19 debía ser gratificado por tal contribución. La cantidad no se conoce, pero a las arcas de la organización criminal fue a parar una importante suma de dinero. Además, se estableció que la persona que serviría de enlace en lo adelante con la Seguridad del Estado (una especie de lleva y trae) sería Gustavo Petro.

La sugerencia la hizo el propio  Navarro Wolf pues  estaba de lleno en la lucha política colombiana y deseaba evitar ronchas. Petro en aquel momento era un joven de 29 años que ya había tenido contactos con un oficial cubano en la localidad colombiana de  Zipaquirá. 

La nueva misión de confidente del gobierno cubano le ha servido  en sus ambiciones políticas. El sujeto ha  llegado incluso  a aspirar a la presidencia de Colombia. 

Lo curioso es que la Corte Suprema del país sudamericano jamás ha estado  interesada en investigar los lazos del guerrillero colombiano con Cuba que corren desde finales de la década de los ochenta y que ha sido la principal punta de lanza del gobierno cubano para subvertir la democracia en Colombia.

Por esto, no resulta extraño suponer que la Seguridad del Estado cubano, en armonía con Gustavo Petro, haya logrado contaminar la altas esferas de la justicia colombiana.